viernes, 28 de marzo de 2008

"DE BATE universitario" art. Lic. Padín

Me gustaría continuar el intercambio de opiniones sobre el anuncio de la universidad provincial y el efecto “hormiguero pateado” que se ha suscitado en el seno de la UNPSJB.

En primer lugar me parece útil recordar algunas definiciones del diccionario.

REACCION Acción que resiste o se opone a otra acción, obrando en sentido contrario a ella.

CORPORATIVISMO ( 2ª acepción) En un grupo o sector profesional, tendencia abusiva a la solidaridad interna y a la defensa de los intereses del cuerpo.

En este caso, la ACCIÓN estuvo a cargo del gobierno provincial y constituyo en el anuncio de su universidad y a la crítica a la UNPSJB por: a) la pérdida progresiva de alumnos y b) la escasa relación de sus carreras con la realidad productiva regional.

La REACCIÓN estuvo a cargo del Rector, sindicatos docentes y no docentes, asambleas y consejos; todos solidariamente unidos en defensa de los intereses del cuerpo universitario.

Curiosamente en un ámbito donde el discurso prevaleciente ensalza la diversidad, la amplitud de miras, el pensamiento crítico y autocrítico, se vienen decantando argumentos que rezan más o menos:

1 “La universidad provincial es mala porque nada bueno puede salir de Das Neves”
2 “Que no se metan a criticarnos porque semo lo mejor de lo mejore”
3 “Dennos toda la guita que podamos gastar, nosotros sabremos utilizarla”
4 “No tenemos ninguna obligación de rendir cuenta a la sociedad”
5 “Pa’ que vamo a rendir cuentas, si la sociedad no entiende un joraca de la uni …”

Quisiera recordar que Bersan y los otros sinvergüenzas que lo secundaron no fueron paracaidistas bosnios que cayeron una noche sobre las terrazas de Km. 4, se desarrollaron al calor del sistema mafioso clientelìstico que ha ganado los órganos de gobierno universitarios, como ha ganado la república entera.

Y aunque respeto al rector Gil por ser una persona decente y un profesional destacado, tampoco puedo olvidar que fue votado por los mismos que antes votaron y sostuvieron a Bersan, que al actual rector lo atan compromisos que le asignan un deslucido papel incumpliendo las promesas electorales de la elección directa y eliminación de las reelecciones, tampoco ha tomado las medidas que correspondían al daño ocasionado por los delincuentes.

Discrepo con Sayago, los universitarios no podemos pretender ser mejores que aquellos que permitimos que nos gobiernen, por ejemplo me parece patético el discurso del Consejo Superior cuando pretende haber sido “engañado” por Bersán que les hizo creer que las contrataciones fraudulentas que realizaba en realidad estaban dentro de la ley (ver actas sesiones publicadas). Tan responsable es el que hace como el que deja hacer, como alguna vez dijo Luther King “Tendremos que arrepentirnos no tanto de las acciones de la gente perversa sino de los pasmosos silencios de la gente buena”. No somos tan buena gente.

La caída de la matrícula es un tema alarmante, más alarmante aún es que nuestra universidad no haya sido capaz de investigarse a si misma (¿como puede ofrecer soluciones a la comunidad sino puede solucionar sus propios problemas?). Es cierto que el sistema universitario público redujo su matrícula en un 0,3% en 2005, pero nuestra universidad redujo el 9,2% en 2005 y continuó reduciendo el 11,4% en 2006 cuando el resto del sistema volvió a crecer al 0,6%.

¿Y que decir de los graduados que egresan con una proporción respecto a alumnos que es casi la mitad del resto de las UUNN?

He defendido los salarios docentes en la medida de mis posibilidades, fue de mi autoría el proyecto de resolución que resultó aprobado sobre el adicional por zona, para que luego el CS borrara con el codo lo que escribió con la mano. No obstante ello entre enero 2006 y enero 2008 obtuvimos aumentos de 51,6% para ded. exclusivas, 124,3% para semis, y 160% para simples, esto puede considerarse un gran logro gremial, no es responsabilidad de los trabajadores que la UNPSJB haya comprometido no el 99% sino el 110% de su presupuesto en sueldos.

Es un problema de desgobierno, la gestión actual “solo” empeoró esto en 20 cargos, el grueso de los desequilibrios y deudas son herencia del bersanato. NO ES CIERTO que ese desequilibrio se produjo para atender necesidades académicas, mal pueden atenderse esas necesidades nombrando personal sin presupuesto conque pagarle, así la universidad queda condenada a la mendicidad permanente (aunque gaste 35 millones de dólares) y sostengo que resulta un barril sin fondo, donde cada vez que recibe $1 gasta $1,10. Las consecuencias están a la vista.

Por último NO COINCIDO con la crítica de Das Neves sobre la escasa vinculación de las carreras con la actividad y el desarrollo regional (una sobredosis de ingenieros puede ser peligrosa para cualquier sociedad), pero sí sería necesario tener la capacidad de regular la oferta, esto significa que no todas las carreras deben permanecer abiertas de aquì a la eternidad, esto no debería afectar la estabilidad del cuerpo docente ni la formación permanente de los graduados, aunque parezca mentira es posible planear la vida universitaria.


mi mensaje anterior:Las autoridades y algunos estamentos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) sienten amenazada a esta casa de altos estudios por el anuncio del gobierno chubutense sobre la creación de una universidad provincial, en su anuncio el Gobernador criticó la pérdida de alumnos y el escaso vínculo de las carreras ofrecidas por la UNPSJB con las necesidades del desarrollo provincial.En verdad tienen razón (las autoridades de la UNPSJB) en sentir “DESALIENTO”, pero se han equivocado en identificar la causa de sus males, que no provienen de las amenazas externas (supuesto que la decisión provincial lo fuese) sino de las crecientes debilidades internas.

Yo puedo hablar en particular de la corrupción y los delitos que han tenido como protagonistas a autoridades y empleados de la UNPSJB. En estos días se han cumplido SIETE AÑOS de mi denuncia sobre una contratación fraudulenta por $6.155.000 (equivalente a la misma cantidad de dólares por aquellos tiempos). A raíz de mi denuncia se procesó al ex rector Ing. Hugo Bersán y a sus ex secretarios Ricardo Álvarez, Roque Cambareri, Héctor de Orta y Marcelo Gomez.

Han transcurrido SIETE AÑOS, está firme el procesamiento de los nombrados, está demostrado el perjuicio sufrido por la UNPSJB, sin embargo no se realiza aún el juicio correspondiente. Me dicen que son los tiempos (plazos) de la justicia, yo digo que son los tiempos (época) de la IMPUNIDAD.

Pero allá vaya el sistema judicial con sus lacras, yo soy hombre de la universidad y aunque sufro como cualquiera la ineptitud judicial, mi interés primordial es esta universidad que considero mía desde que llegué a Comodoro Rivadavia para trabajar en el ella el 8 de febrero de 1982. Y lo en verdad preocupante es la tolerancia de los órganos de gobierno universitarios hacia el accionar delictivo, y me refiero tanto a lo que sucedió en época de Bersán como a lo que hoy sucede.

A consecuencia de aquella denuncia y de otras que pude hacer durante el año 2005, el ex rector Bersán fue separado de su cargo por la justicia federal el 23/Jun/2005 (algo hizo bien después de todo). A dos años y medio de la caída de Bersan, las autoridades no han sido capaces de concluir un sumario administrativo y aplicar las sanciones que correspondan por su accionar en perjuicio de la UNPSJB, por supuesto Bersán continúa cobrando sueldo de profesor universitario.

Allá por marzo de 2005 denuncié que una empleada de la UNPSJB había efectuado sustracción de caudales, efectivo en su custodia, cheques emitidos sin autorización y con firmas falsificadas cobrados por esta funcionaria, depósito que nunca se efectuaron, todo por un valor estimado en $117.847,70. El juicio todavía espera, se comprobó el faltante de efectivo, se comprobó la falsificación de firmas, se comprobó que esta funcionaria cobró esos cheques apócrifos. Pero nuevamente las autoridades no han sido capaces de concluir el sumario administrativo y tomar las decisiones que corresponden, la empleada sigue cobrando sueldo y ni siquiera trabaja en la universidad.

Las actuales autoridades que asumieron en 2005 (luego que Bersán quedara separado del rectorado por decisión judicial) habían prometido en su campaña que reformarían el estatuto instaurando la elección directa e inhibiendo la reelección de las autoridades, NO CUMPLIERON, el sistema de negociado y prebendas permanece intacto, me recuerda una definición de Schuster: “a veces me pregunto hasta qué punto el malestar sobre la representación es central respecto de las formas de la representación y hasta qué punto el malestar no está en el contenido de los representantes, en quiénes son. Todo se compra y se vende. Las personas van ocupando cargos políticos porque cambian votos por secretarías, los cargos de dirección tienen más que ver con una lógica mercantil-clientelar que con una lógica político-académica. En tanto no podamos cambiar eso, no cambiamos la universidad. Los estudiantes que ven eso son los que protestan” (Schuster se refería a la UBA, durante una de las crisis del 2006)

En este contexto fácil es comprender que las prioridades de los órganos de gobierno no son precisamente el bien público y la excelencia académica, sino que cada uno se encuentra concentrado en su propio negocio, con razón decía Pedro Krotsch que las universidades nacionales habían sido privatizadas, no porque Menem las hubiera dado en concesión, sino porque los grupos del gobierno universitario abandonaron el interés público para consagrarse a sus intereses privados.

Todos estas cuestiones son conocidas por el Consejo Superior, en sesión del 18/Oct/2006 el actual Auditor Interno informaba: “(..) Honestamente, les tengo que confesar que cuando fui a Bs. As. a la SIGEN y tuve una entrevista con el síndico, hablando sobre la universidad me mostró una visión muy cruda, muy negativa (…).”

Muchas de los problemas de la UNPSJB fueron expuestas en los procesos de autoevaluación y evaluación externa en los años 99/2000, y aunque tales evaluaciones consumieron muchas horas de trabajo y otros recursos, no dieron lugar a ninguna política destinada a mejorar las errores detectados. Hoy el proceso vuelve a repetirse, otra evaluación esta en marcha pero nada indica que puedan esperarse mejores resultados.

Vayan algunos datos:
(tarea para el hogar, interpreta los datos a tu criterio sin preguntarle al profesor si es bueno o malo)

  • En el año 2004 la UNPSJB tenía 15.900 alumnos. Actualmente tiene 12.800 alumnos
  • En el año 2004 la UNPSJB tenía 2.322 cargos docentes. Actualmente tiene 2.598 cargos docentes
  • En los años 2001/2002 se asignó a la UNPSJB un presupuesto de $33 millones equivalentes a dólares. Para el año 2008 el presupuesto asciende a $112 millones que equivalen a 35 millones de dólares.
  • La tasa de graduados cada 100 alumnos en el conjunto de las Univ. Nac. fue de 4,4 para el año 2004. La misma tasa para la UNPSJB en ese año fue de 2,6
  • En el año 2004 la UNPSJB recibió un 1,95 % del presupuesto general de las universidades nacionales. En el mismo año la UNPSJB aportó el 0,7% de los graduados de las universidades nacionales
  • En el año 2004 había una relación de 28 alumnos por docente en las universidades nacionales. Para el mismo año, esa relación era de 19 alumnos por docente en la UNPSJB
  • En enero de 2006 la UNPSJB pagaba a su personal 3.121 cargos, con un sueldo bruto promedio de $ 1.276. En enero de 2008 la UNPSJB pagaba a su personal 3.141 cargos, con un sueldo bruto promedio de $ 2.519
  • Un decano de la UNPSJB gana en promedio un salario bruto de $ 11.662 a enero de 2008
  • Un profesor categ. Adjunto dedicación simple (7 hs semanales), al mismo mes $ 1.548 de salario bruto
  • En 1995 la UNPSJB recibía fondos para investigación que representaban el 2,75% de su presupuesto. En la actualidad los fondos que recibe para investigación representan el 0,58% de su presupuesto, esa disminución tuvo por causa la mala aplicación de esos fondos por parte de la UNPSJB.

En definitiva, nunca es bueno negar la realidad y ver siempre en otros las causas de los males propios. A pesar de que ha demostrado ser un barril sin fondo, las autoridades nacionales han seguido aumentando el presupuesto de la UNPSJB, que si resulta insuficiente es a causa de su desgobierno.

¿Porqué debería inspirar “DESALIENTO” en la UNPSJB la llegada de una nueva institución de educación superior? Se supone que las universidades públicas tienen por finalidad contribuir al bien común mediante su aptitud para crear y transmitir conocimiento. Con tan altos fines, solo cabría alegrarse y cobrar ánimos al ver que nuevos actores se suman a esta tarea.

¿Porqué se prejuzga que la universidad provincial va a ser peor que la UNPSJB? (empresa difícil …)

La mejor manera de defender a nuestra universidad es hacerla recuperar la senda que perdió ya hace más de diez años, para ello es necesario eliminar la “oligarquía universitaria” que excluye de los derechos de elegir y ser elegidos a la gran mayoría de los profesores (cuando no los excluye de su trabajo), somos muchos los profesores que llevamos más de una década en una cátedra sin que se abran los concursos que asegurarían la calidad, la estabilidad y los derechos políticos de los profesores.

En buena hora que se produzcan novedades que sacudan a este vetusto edificio académico.


por Carlos Eduardo Padín

La nueva forma de acoso que humilla y lastima en el trabajo

TIRANOS EN LA OFICINA: VIOLENCIA LABORAL

Extraido de http://www.clarin.com/suplementos/zona/2006/06/11/z-03215.htm

Crecen los casos de hostigamiento psicológico y moral en oficinas públicas y empresas privadas. Hay abuso de poder y las víctimas se enferman, pierden el empleo o entran en depresión. Los tres poderes del Estado acusaron el impacto y comenzaron a reaccionar. Cómo frenar los ataques y dónde consultar.



Pablo Calvo.
pcalvo@clarin.com

Se investigan 98 denuncias por presunta violencia laboral contra personas que se desempeñan en el Estado. Se discuten en el Congreso siete proyectos de ley para castigar severamente el "acoso moral y psicológico" en los lugares de trabajo. La Justicia ha comenzado a fallar en favor de los damnificados en el ámbito privado. El Gobierno analiza cómo canalizar las acusaciones que le llegan diariamente contra jerárquicos que abusan de su poder. Los sindicatos empiezan a reclamar que el tema sea contemplado en los convenios colectivos. Hay empleados que pierden el miedo y ahora sacan a la luz violaciones a sus derechos que antes callaban. Están todas las alarmas encendidas: crecen los casos de maltrato grave, humillación y persecución en el ámbito laboral, pero los anticuerpos sociales tratan de ponerles un freno.

¿Qué quiere decir "violencia laboral"? Son las acciones que, durante un tiempo prolongado, afectan la dignidad del trabajador, su derecho a no ser discriminado, el respeto de su honra y su integridad física, psíquica y moral. En casos extremos, desencadenan daños psicológicos graves, pérdida del empleo y hasta suicidios. Es un fenómeno que se conoce a nivel mundial por una palabra en inglés, "mobbing", traducida como "ataque, atropello". Y no es estrés, acoso sexual, tensión pasajera en el lugar de trabajo o malhumor de un día.

¿Cómo se manifiesta entonces esta nueva forma de acoso? En ataques permanentes contra la persona, persecuciones tendientes a provocarle "aislamiento, pérdida de la autoestima, descalificación, desmerecimiento, violación de la intimidad, difamación, supresión de derechos, intimidación, falsa denuncia, afectación a tareas irrelevantes, quita de personal, intromisión en la computadora, utilización de influencias e indiferencia a sus reclamos", detalla María Alicia Rendon, especialista en resolución de conflictos.

En la Argentina, "el tema ha cobrado auge en los últimos dos años, período en el que se dictaron al menos cinco fallos muy significativos sobre la violencia laboral (ver Derechos a defender...). Pero como no hay una legislación específica, la interpretación de los tribunales es variada: hay jueces que lo consideran una enfermedad del trabajo, que deben pagar las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), y hay otros que establecen condenas por daños y perjuicios, con indemnizaciones especiales. En cualquier caso, es una materia nueva", explica el experto en derecho laboral Mariano Emiliani.

"La gente está empezando a visualizar el problema y por eso llegan más denuncias. Está pasando lo mismo que con el acoso sexual: primero, se miraba mal a la denunciante y se decía 'y bueh... tenía la pollera muy corta'. Recién al tiempo se tomó conciencia. Ahora, los trabajadores comienzan a reconocer el tema de la violencia laboral como una agresión a sus derechos", señala Olga de Hammar, presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral. Es otro indicador de la tendencia: esta oficina del Ministerio de Trabajo apunta ba a pelear sólo por la igualdad de género, pero ahora estudia la forma de procesar los casos que le llegan por violencia laboral.

La socióloga Diana Scialpi, presidenta de la organización civil Instituciones sin Violencia, puntualiza que "durante los últimos ocho años, la violencia laboral en la administración pública fue identificada como el acoso sexual hacia las mujeres, un reduccionismo inadmisible que se modificó en febrero pasado". En efecto, para homologar el actual convenio colectivo de trabajo para empleados estatales, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 214/06, en cuyo artículo 124 apunta a la "erradicación de la violencia laboral" definida como "toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de autoridad... que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos y la dignidad de los trabajadores, de alterar su salud física y mental y/o comprometer su futuro laboral". Es una norma nueva, que muchos empleados todavía desconocen y que define a este "hostigamiento moral" como una "falta grave".

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sugirió en octubre que este incipiente debate público sobre la violencia laboral debería ser incorporado "como insumo" en las futuras discusiones entre empresarios y trabajadores por salarios y condiciones laborales.

Desde hace 11 meses funciona la Oficina de Atención a la Víctima de la Violencia Laboral, en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que es un organismo de control del Estado. Allí se recibieron 170 consultas y se determinó que en 98 casos había motivos suficientes para oficializar las denuncias. También se hicieron derivaciones para la asistencia psicológica rápida de las víctimas más afectadas.

La Fiscalía, que cumple el rol de parte acusadora, solicitó en 50 expedientes "el cese de la violencia" y la "protección de posibles represalias" contra los denunciantes. Otra consecuencia fue la aplicación de sanciones a 20 involucrados y el traslado de 30 empleados del puesto de trabajo donde sufrieron o ejercieron el acoso, de acuerdo al último reporte del organismo, al que tuvo acceso Clarín.

"El acoso empieza de una manera muy sutil. El acosador empieza por desvalorizar al otro, le exige una determinada respuesta, que el otro no le puede dar. Luego, su perversidad va en aumento. Al final del proceso, que puede durar dos o tres años, la persona afectada tiene totalmente destruida la autoestima", alerta Marta Rava, la fiscal que está a cargo de la Oficina de Atención a las Víctimas.

En una lista de señales de peligro para identificar los ataques, el psicólogo alemán Heinz Leyman (pionero en el estudio del mobbing) resaltó que el acosador "le asigna a la víctima tareas inútiles, absurdas, peligrosas y humillantes; no le permite comunicarse; la interrumpe conti nuamente cuando habla; le critica su trabajo; se burla de su vida privada; le niega el contacto mediante gestos de rechazo o menosprecio; ignora su presencia; la aísla de sus compañeros; le grita, la amenaza, la injuria; le atribuye una enfermedad mental".

"Es más común de lo que uno cree y no hay más denuncias porque todavía existe el miedo a perder el trabajo. A veces, los compañeros de la persona afectada prefieren no meterse, para no ser considerados delatores. No entienden que también a ellos les puede pasar y que la existencia de un caso puede perjudicar a todo el ambiente de trabajo", resalta Julio Rastelli, oficial mayor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Como se trata de una situación difícil de probar, es clave la participación de testigos, cuya protección y responsabilidad es hoy materia de debate en el Congreso (ver pág. 34).

Rastelli, segundo de Rava en la oficina de denuncias, recorrerá los ministerios para informar a los responsables de recursos humanos acerca de la necesidad de aumentar la atención sobre la violencia laboral. "La idea —adelanta— es que apenas surja un conflicto, se haga el intento de resolverlo internamente, antes de que llegue a la Fiscalía, porque a esa altura, la persona llega quebrada, con las defensas liquidadas y un daño grave a su salud física o mental. Es imprescindible que el Estado empiece a pensar en esas instancias intermedias, para que se pueda actuar rápidamente, esto es, separar al acosador del acosado, analizar la situación y tratar después de restablecer a la persona en su puesto de trabajo, con todo su potencial, así como establecer una sanción para el acosador".

El monitoreo ya arrancó. Según las fuentes consultadas por Clarín, hay denuncias por presunta violencia laboral en "museos nacionales, la Universidad de Buenos Aires, el hospital Garrahan, las fuerzas de seguridad, personal civil de las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario, el Conicet, el INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros organismos".

En el ámbito privado, "el método más eficiente para producir el cese de la violencia y la protección psicológica del damnificado es el recurso de amparo, atento a la falta de una ley nacional sobre mobbing. También se ha utilizado un método de mediación por carta documento, pidiendo pulir asperezas, arribando a soluciones", dice la abogada Rendon. En su estudio particular, atiende entre tres y cuatro consultas diarias vinculadas al tema, de las cuales la mitad constituyen casos reales.

Para graficar el estado de situación en el país, el abogado Emiliani recuerda un principio del derecho que dice que primero asoman las costumbres (en este caso, la detección de situaciones de violencia laboral), luego los fallos (que la Justicia ya dicta por este tema) y por último la ley, que es la que el Congreso busca ahora sancionar.