viernes, 28 de marzo de 2008

La nueva forma de acoso que humilla y lastima en el trabajo

TIRANOS EN LA OFICINA: VIOLENCIA LABORAL

Extraido de http://www.clarin.com/suplementos/zona/2006/06/11/z-03215.htm

Crecen los casos de hostigamiento psicológico y moral en oficinas públicas y empresas privadas. Hay abuso de poder y las víctimas se enferman, pierden el empleo o entran en depresión. Los tres poderes del Estado acusaron el impacto y comenzaron a reaccionar. Cómo frenar los ataques y dónde consultar.



Pablo Calvo.
pcalvo@clarin.com

Se investigan 98 denuncias por presunta violencia laboral contra personas que se desempeñan en el Estado. Se discuten en el Congreso siete proyectos de ley para castigar severamente el "acoso moral y psicológico" en los lugares de trabajo. La Justicia ha comenzado a fallar en favor de los damnificados en el ámbito privado. El Gobierno analiza cómo canalizar las acusaciones que le llegan diariamente contra jerárquicos que abusan de su poder. Los sindicatos empiezan a reclamar que el tema sea contemplado en los convenios colectivos. Hay empleados que pierden el miedo y ahora sacan a la luz violaciones a sus derechos que antes callaban. Están todas las alarmas encendidas: crecen los casos de maltrato grave, humillación y persecución en el ámbito laboral, pero los anticuerpos sociales tratan de ponerles un freno.

¿Qué quiere decir "violencia laboral"? Son las acciones que, durante un tiempo prolongado, afectan la dignidad del trabajador, su derecho a no ser discriminado, el respeto de su honra y su integridad física, psíquica y moral. En casos extremos, desencadenan daños psicológicos graves, pérdida del empleo y hasta suicidios. Es un fenómeno que se conoce a nivel mundial por una palabra en inglés, "mobbing", traducida como "ataque, atropello". Y no es estrés, acoso sexual, tensión pasajera en el lugar de trabajo o malhumor de un día.

¿Cómo se manifiesta entonces esta nueva forma de acoso? En ataques permanentes contra la persona, persecuciones tendientes a provocarle "aislamiento, pérdida de la autoestima, descalificación, desmerecimiento, violación de la intimidad, difamación, supresión de derechos, intimidación, falsa denuncia, afectación a tareas irrelevantes, quita de personal, intromisión en la computadora, utilización de influencias e indiferencia a sus reclamos", detalla María Alicia Rendon, especialista en resolución de conflictos.

En la Argentina, "el tema ha cobrado auge en los últimos dos años, período en el que se dictaron al menos cinco fallos muy significativos sobre la violencia laboral (ver Derechos a defender...). Pero como no hay una legislación específica, la interpretación de los tribunales es variada: hay jueces que lo consideran una enfermedad del trabajo, que deben pagar las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), y hay otros que establecen condenas por daños y perjuicios, con indemnizaciones especiales. En cualquier caso, es una materia nueva", explica el experto en derecho laboral Mariano Emiliani.

"La gente está empezando a visualizar el problema y por eso llegan más denuncias. Está pasando lo mismo que con el acoso sexual: primero, se miraba mal a la denunciante y se decía 'y bueh... tenía la pollera muy corta'. Recién al tiempo se tomó conciencia. Ahora, los trabajadores comienzan a reconocer el tema de la violencia laboral como una agresión a sus derechos", señala Olga de Hammar, presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral. Es otro indicador de la tendencia: esta oficina del Ministerio de Trabajo apunta ba a pelear sólo por la igualdad de género, pero ahora estudia la forma de procesar los casos que le llegan por violencia laboral.

La socióloga Diana Scialpi, presidenta de la organización civil Instituciones sin Violencia, puntualiza que "durante los últimos ocho años, la violencia laboral en la administración pública fue identificada como el acoso sexual hacia las mujeres, un reduccionismo inadmisible que se modificó en febrero pasado". En efecto, para homologar el actual convenio colectivo de trabajo para empleados estatales, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 214/06, en cuyo artículo 124 apunta a la "erradicación de la violencia laboral" definida como "toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de autoridad... que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos y la dignidad de los trabajadores, de alterar su salud física y mental y/o comprometer su futuro laboral". Es una norma nueva, que muchos empleados todavía desconocen y que define a este "hostigamiento moral" como una "falta grave".

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sugirió en octubre que este incipiente debate público sobre la violencia laboral debería ser incorporado "como insumo" en las futuras discusiones entre empresarios y trabajadores por salarios y condiciones laborales.

Desde hace 11 meses funciona la Oficina de Atención a la Víctima de la Violencia Laboral, en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que es un organismo de control del Estado. Allí se recibieron 170 consultas y se determinó que en 98 casos había motivos suficientes para oficializar las denuncias. También se hicieron derivaciones para la asistencia psicológica rápida de las víctimas más afectadas.

La Fiscalía, que cumple el rol de parte acusadora, solicitó en 50 expedientes "el cese de la violencia" y la "protección de posibles represalias" contra los denunciantes. Otra consecuencia fue la aplicación de sanciones a 20 involucrados y el traslado de 30 empleados del puesto de trabajo donde sufrieron o ejercieron el acoso, de acuerdo al último reporte del organismo, al que tuvo acceso Clarín.

"El acoso empieza de una manera muy sutil. El acosador empieza por desvalorizar al otro, le exige una determinada respuesta, que el otro no le puede dar. Luego, su perversidad va en aumento. Al final del proceso, que puede durar dos o tres años, la persona afectada tiene totalmente destruida la autoestima", alerta Marta Rava, la fiscal que está a cargo de la Oficina de Atención a las Víctimas.

En una lista de señales de peligro para identificar los ataques, el psicólogo alemán Heinz Leyman (pionero en el estudio del mobbing) resaltó que el acosador "le asigna a la víctima tareas inútiles, absurdas, peligrosas y humillantes; no le permite comunicarse; la interrumpe conti nuamente cuando habla; le critica su trabajo; se burla de su vida privada; le niega el contacto mediante gestos de rechazo o menosprecio; ignora su presencia; la aísla de sus compañeros; le grita, la amenaza, la injuria; le atribuye una enfermedad mental".

"Es más común de lo que uno cree y no hay más denuncias porque todavía existe el miedo a perder el trabajo. A veces, los compañeros de la persona afectada prefieren no meterse, para no ser considerados delatores. No entienden que también a ellos les puede pasar y que la existencia de un caso puede perjudicar a todo el ambiente de trabajo", resalta Julio Rastelli, oficial mayor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Como se trata de una situación difícil de probar, es clave la participación de testigos, cuya protección y responsabilidad es hoy materia de debate en el Congreso (ver pág. 34).

Rastelli, segundo de Rava en la oficina de denuncias, recorrerá los ministerios para informar a los responsables de recursos humanos acerca de la necesidad de aumentar la atención sobre la violencia laboral. "La idea —adelanta— es que apenas surja un conflicto, se haga el intento de resolverlo internamente, antes de que llegue a la Fiscalía, porque a esa altura, la persona llega quebrada, con las defensas liquidadas y un daño grave a su salud física o mental. Es imprescindible que el Estado empiece a pensar en esas instancias intermedias, para que se pueda actuar rápidamente, esto es, separar al acosador del acosado, analizar la situación y tratar después de restablecer a la persona en su puesto de trabajo, con todo su potencial, así como establecer una sanción para el acosador".

El monitoreo ya arrancó. Según las fuentes consultadas por Clarín, hay denuncias por presunta violencia laboral en "museos nacionales, la Universidad de Buenos Aires, el hospital Garrahan, las fuerzas de seguridad, personal civil de las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario, el Conicet, el INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros organismos".

En el ámbito privado, "el método más eficiente para producir el cese de la violencia y la protección psicológica del damnificado es el recurso de amparo, atento a la falta de una ley nacional sobre mobbing. También se ha utilizado un método de mediación por carta documento, pidiendo pulir asperezas, arribando a soluciones", dice la abogada Rendon. En su estudio particular, atiende entre tres y cuatro consultas diarias vinculadas al tema, de las cuales la mitad constituyen casos reales.

Para graficar el estado de situación en el país, el abogado Emiliani recuerda un principio del derecho que dice que primero asoman las costumbres (en este caso, la detección de situaciones de violencia laboral), luego los fallos (que la Justicia ya dicta por este tema) y por último la ley, que es la que el Congreso busca ahora sancionar.

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